El sabor agridulce de la EPA

Los datos de la EPA del tercer trimestre de 2021 dejan un sabor agridulce. Es cierto que el empleo se recupera, pero un análisis a fondo de las cifras muestra un conjunto de debilidades que podrían dar lugar a un deterioro del panorama laboral en los próximos meses.

Por el lado positivo cabe destacar que continua la recuperación de empleo. La ocupación total superó la cifra de veinte millones, lo que implica un incremento del 4,45% respecto del mismo periodo del año anterior. Con este resultado, que supone que la tasa de paro bajó hasta el 14,57% de la población activa, la ocupación y el desempleo se han situado en niveles similares a los previos a la pandemia de Covid-19, siempre con la salvedad de que, en septiembre, la Seguridad Social todavía tenía registradas a 239.230 personas en situación de ERTE. Al mercado laboral español le ha sentado bien la llegada del verano, con los desconfinamientos, la normalización relativa de la actividad diaria y el impulso estival al turismo.

Ahora bien, la economía española todavía estamos lejos de recuperar los niveles de empleo y paro previos al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, cuando la tasa de desempleo apenas superaba el 8% de la población activa. La aspiración, y la obligación, de todo gobierno, debería ser el cierre de esa brecha todavía existente. Pero cuando se proyectan los resultados de la EPA sobre el contexto actual, surgen bastantes dudas sobre la evolución del proceso de creación de puestos de trabajo.

En estos momentos, España vive una situación en términos de inflación inédita desde mediados de la década de los 90. En octubre, los precios de consumo crecieron el 5,5% interanual, un nivel desconocido desde 1992, a causa del encarecimiento de la energía. Dicho encarecimiento está provocando que haya empresas que estén dejando de producir porque no se pueden permitir los costes energéticos actuales. A ello se añaden las empresas que tienen que reducir su ritmo de producción debido a la escasez global de suministros. En consecuencia, todo apunta a una desaceleración del crecimiento económico en la parte final de 2021 y en 2022. Con menos crecimiento económico habrá menos generación de empleo.

Al proyectar esta situación sobre el mercado laboral, las consecuencias que se extraen son preocupantes. En tiempos de incertidumbre, las empresas contratan menos y los contratos que firman son temporales, no indefinidos. Lo hacen porque necesitan flexibilidad puesto que, si vienen mal dadas, les resulta más fácil adecuar las plantillas a la realidad mediante la renovación de contratos temporales que mediante despidos, debido a la falta de flexibilidad de la regulación laboral. Eso explica que, según la EPA, dos terceras partes de los nuevos contratos sean temporales y solo una tercera parte sean indefinidos. En estas condiciones, la coyuntura actual puede desacelerar la ocupación, en especial la contratación indefinida. Si el gobierno deroga la reforma laboral de 2012, esa situación se puede agravar.

Las empresas tienen otro problema. La subida del precio de la energía supone un incremento en los costes de producción que socava sus márgenes. Si ahora se pretendiera que los salarios en 2022 se adaptaran a la inflación, para no perder poder adquisitivo, las empresas tendrían que subir sus precios, dando lugar a una espiral inflacionista salarios-precios, y/o reducir sus costes mediante recortes de plantilla, todo lo cual juega en contra de la evolución del empleo.

Esta situación es especialmente preocupante para la pequeña empresa, que supone el 90% del tejido empresarial y el 80% del empleo. Es preocupante porque no tiene demasiada capacidad para soportar el aumento del precio de la energía, porque suele ser menos productiva y porque es a quien más afecta la subida del salario mínimo interprofesional. Y es que el empleo de baja cualificación se concentra en la pequeña empresa a la que, como a los perros flacos, todo se le vuelve pulgas en estos momentos.

La EPA del tercer trimestre, por tanto, nos revela también una buena parte de las debilidades estructurales de la economía española, que pueden alterar la tendencia positiva de la ocupación y el paro. Uno de los motores de la creación de empleo, la industria, se ve afectado negativamente por la crisis global de suministros y, sobre todo, por el elevado coste de la energía, un problema que puede agravarse a partir del 31 de octubre cuando dejemos de recibir el gas de Argelia, tan importante para nuestra economía. La dependencia energética del exterior genera también problemas de inflación. Todo ello aumenta la incertidumbre de las empresas. Si, además, ahora se deroga la reforma laboral de 2012, la tendencia positiva de la contratación puede experimentar un cambio de dirección significativo y nada positivo.